La falta de Reforma Migratoria en los Estados Unidos y un acuerdo válido y serio entre los países de Centroamérica y México con los EE.UU. se está cobrando muchas vidas inocentes en las últimas semanas con el incremento de la acción de las bandas de delincuentes de los Carteles de la Droga como los “Zeta” que intentan lucrar con esta situación humana y al no lograrlo por ser personas pobres los matan sin más. Muchos de los hallazgos de los últimos días tienen que ver con esta acción de los narcos. Las cifras que piden a familiares y amigos de los secuestrados oscilan entre 1000 y 10 000 dólares, cifras casi siempre imposible de satisfacer y menos en pocos días. Una verdadera tragedia que ha incluido a incautos migrantes cubanos llegados de la isla en pobres barcas y que luego pueden ser secuestrados por estos delincuentes para mas complicación de sus situaciones. Este reportaje da detalles de esta verdadera tragedia humanitaria actual, no se dan cifras globales al no existir, pero puede tratarse de miles…. Otto Grotten para cubaout.
Gardenia Mendoza Aguilar |Enviada especial de Impre.com, CHILPANCINGO, México
Rafael Rodríguez, un migrante originario de este estado al sur del país, desapareció cuando supuestos narcotraficantes y secuestradores de “Los Zetas”, del fronterizo Tamaulipas, no pudieron cobrar los 1,000 dólares que había depositado la familia en Western Union.
“Dijeron que allá sospechaban de ellos y ellos de nosotros, y se pusieron a gritar en el teléfono que iban a matar a mi tío”, cuenta Rodrigo Álvarez, un joven abogado de la región montañosa de Ayutla que clama sin éxito justicia y apoyo en la procuraduría local.
La fiscalía se ha desentendido, remitiéndolo a las oficinas homónimas de Tamaulipas, donde se tuvieron las últimas noticias de Rodríguez, de 36 años, quien cayó en las manos de la delincuencia cuando fue deportado de Estados Unidos en diciembre pasado.
Las autoridades estadounidenses lo expulsaron vía frontera con Monterrey, Nuevo León, sin ninguna de sus pertenencias, razón por la cual el muchacho intentaba volver a Estados Unidos por una ruta conocida de indocumentados, cuando Los Zetas lo capturaron.
“Sabemos esto porque él mismo se lo dijo a su esposa por teléfono: o depositaba 10,000 dólares o él sería asesinado y enviarían a matar a mis tres sobrinos (de 12, 10 y 6 años)” cuenta Rodrigo. “Finalmente solo recopilamos entre otros parientes que viven en Texas 1,000 dólares, pero Los Zetas no lograron sacarlos”.
Javier Monroy, del Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Guerrero, señala que Rodríguez es un caso representativo del destino que aguarda a los migrantes cuyas familias no logran pagar por el rescate de sus seres queridos cuando son plagiados en el país.
“Son personas pobres que no tienen forma de pagar y ni siquiera saber dónde están sus esposos, hijos o hermanos cuando se van a Estados Unidos porque el Ministerio Público no tiene mecanismos de respuesta”, señala.
Los agentes de investigación en los estados piden a la familia datos con los que la mayoría no cuenta, como el lugar donde desapareció, cuál fue la ruta previa que tomó o con quién iba acompañado; y si el denunciante no los tiene, no le toman la declaración.
Un informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas presentado a principios de abril reportó más de 3,000 casos desde 2006, el 90% en el norte del país, y aventuró una cifra mucho mayor dada la baja tasa de denuncia.
“Se dice a los familiares que fue la delincuencia organizada como si esto fuera excluyente de responsabilidad para las autoridades”, apuntó.
En julio pasado, cuando fueron localizados 72 cuerpos de migrantes centro y sudamericanos masacrados en Tamaulipas, el gobierno aseguró que se trataba de gente que grupos intentaban reclutar para las filas del crimen organizado a pesar de que los parientes de decenas de las víctimas denunciaron extorsiones telefónicas.
La Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad detectó retenes de desconocidos y presuntos policías que bajaban de los camiones a migrantes para extorsionarlos y desaparecerlos en la carretera federal que recorre Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California.
Algunas de sus blancos fueron 39 migrantes oriundos de Guanajuato y de Michoacán desaparecidos durante 2010.
El reciente hallazgo de más 145 cuerpos en fosas clandestinas de Tamaulipas ha sido para las familias de las víctimas una especie de esperanza para mitigar la desesperación de no encontrar a los suyos.
El abogado Rodrigo Álvarez, quien busca a su tío migrante desaparecido en Tamaulipas, pide: “Esperemos acabar con esto. Si de verdad lo mataron, que nos digan, qué más vamos a hacer”.
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