Unidades cooperativas privadas asumieron la producción en la isla. Plan Socialista de la Nación 2007-2013 propone modificar la estructura agraria pues hay “desventajas en la rigidez de la oferta agrícola y en la estructura agroindustrial concentrada (monopolio de empresas privadas)”. Informa este artículo del Universal de Venezuela.
En el modelo chavista el Estado debe dominar las estructuras. Y durante 2009 las intervenciones del sector productivo se han acelerado, contándose este año 190.000 hectáreas y al menos 5 agroindustrias ocupadas por varias razones.
Sin embargo, un trayecto similar de estatización de la actividad agrícola industrial ya fue recorrido por el primer aliado político e ideológico del presidente Chávez: en 1959 y 1961, en los inicios de la Revolución Cubana, Fidel Castro dictó la primera y segunda Ley de Reforma Agraria, que pretendían eliminar los latifundios confiscando todas las tierras en unidades agrícolas mayores a 420 hectáreas, y posteriormente las superiores a 32 hectáreas.
Granjas, propiedad social
El rescate de tierras que pertenecen al Estado es punta de lanza de la ofensiva agrícola del Gobierno. El ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, afirma que “sólo se recuperan tierras que no estén en producción”, para desarrollar proyectos de propiedad social (sin titularidad de las tierras), donde las autoridades deciden cuánto y qué se sembrará; privilegiando además la colocación de las cosechas en las redes e industrias de alimentos del Estado, como Mercal y Pdval. Sin embargo para estudiosos del tema, este esquema estatal ya demostró su fracaso en Cuba.
Oscar Bastidas Delgado (maestría en Desarrollo Agrícola y Planificación por la Universidad de París I; profesor de la UCV) explica que “el Estado cubano se perfiló como el gran propietario, y en ese sentido las normas de administración empresarial o gerencia aplicada a procesos productivos no existían. Todo estaba centralizado y sin control de responsabilidades”.
Detalla que Fidel Castro tomó control de 105 centrales azucareros, 47 almacenes de víveres, 16 molinos de arroz, 18 destilerías, 6 fábricas de bebidas alcohólicas, 5 de lácteos, 7 de productos alimenticios, 2 de aceite, 11 torrefactoras, 2 fábricas de chocolate y 1 molinera. Además, el Gobierno se reservó 76% de las tierras para sí -incluyendo las mejores- y constituyó las granjas estatales como empresas del Estado que debían producir alimentos.
Los privados, a quienes sólo les quedó 24% de las tierras agrícolas, se constituyeron en cooperativas para afrontar costos de producción y comercialización.
Pero Bastidas dice que “en Cuba, luego de 50 años de reforma agraria y revolución, hay tierras ociosas e insuficiencia de alimentos”, demostrado por la decisión tomada por el Gobierno cubano a principios de los años 90, cuando agobiado por la caída del sostén económico que le proveía la Unión Soviética, se decidió asignar parte de las tierras de las granjas estatales a “Unidades Básicas de Producción Cooperativa”, que son “organizaciones de privados, particulares, que para 2004 producían más de 90% de la hoja del tabaco, 90% de hortalizas y más de 80% del arroz que se cosechaba en Cuba. Además, tienen 770 puntos de venta en el país donde venden directamente su producción a precios más bajos que en los mercados. Y todo esto frente a la ineficiencia del sistema estatal de distribución de alimentos a través de la tarjeta de racionamiento, que tiene el mismo problema de corrupción y desviación de alimentos existente en Mercal”.
En un ejercicio de contrastes con la actualidad local, dice que “el Gobierno nacional ha intervenido fincas y empresas, arrasando con los esquemas de funcionamiento y destruyendo los tejidos internos. Y reconstruir una empresa donde los proveedores no te tienen confianza y donde los clientes prefieren comprarle a otro es casi imposible”.
Bastidas afirma que el Gobierno bolivariano “conserva la unidad productiva bajo un esquema de granjas estatales pero con personas a cargo que no saben nada de cultivos, ganadería o gestión empresarial”.
Agrega que “por la olla de presión social, esto ya lo superaron los cubanos”, en referencia al Decreto 259 de Raúl Castro de julio de 2008, donde se anunció la asignación de tierras estatales a los privados alegando que “hay predios ociosos y debe elevarse la producción y reducirse la importación de alimentos”.
El gran latifundista
En Venezuela, según el último censo agrícola, se cuentan cerca de 30 millones de hectáreas productivas, de las cuales el Gobierno calcula que unos 4 millones de hectáreas permanecen como latifundios en manos de privados. Pero Genaro Méndez, presidente de Fedenaga, señala que “el INTI es el gran terrateniente, como lo fue antes el IAN, pues los productores privados sólo manejamos unas 10 millones de hectáreas del total de 30 millones”.
Reitera que “la reforma agraria del gobierno de Chávez apunta a intervenir las mejores tierras” como las de Aragua, Carabobo, Lara, Barinas o Zulia, mientras que “hay tierras ociosas en Amazonas, Bolívar o los Llanos que requieren infraestructura para desarrollarlas”.
El propio Chávez señaló hace algunas semanas que había que recuperar tierras en las mejores zonas productivas, alegando que las ubicadas en zonas como Apure, Amazonas o Bolívar eran muy difíciles de desarrollar.
Agrega que “cuando Chávez era candidato a la presidencia ofreció la venta pura y simple de las tierras a los ganaderos para dar seguridad jurídica, y prometió usar ese dinero para desarrollo agrícola. Fue un ofrecimiento expreso a Fedenaga”.
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